Preguntas generales
A continuación encontrará respuestas detalladas a las consultas que recibimos con mayor frecuencia. Si su pregunta no aparece aquí, no dude en contactarnos directamente.
La primera consulta en Realty Lex Abogados es completamente gratuita y sin compromiso. Durante esta sesión, que puede realizarse de forma presencial en nuestra oficina de Madrid, por videollamada o por teléfono, analizamos su situación, identificamos las cuestiones jurídicas relevantes y le proporcionamos una valoración preliminar. Si decide contratarnos, le entregamos un presupuesto detallado antes de iniciar cualquier gestión.
Para una compraventa de inmueble en España, necesitará reunir varios documentos esenciales: documento de identidad (DNI para residentes o NIE para extranjeros), nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, certificado de eficiencia energética, últimos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), certificado de estar al corriente de pagos con la comunidad de propietarios, referencia catastral y, en caso de viviendas de protección oficial, la autorización administrativa correspondiente. Nuestro equipo le guiará en la obtención de cada uno de estos documentos.
El plazo habitual para completar una compraventa oscila entre cuatro y ocho semanas desde la firma del contrato de arras hasta la escritura pública ante notario. Este plazo puede variar en función de la complejidad de la operación, la necesidad de financiación hipotecaria, la existencia de cargas registrales que deban cancelarse o la intervención de varias partes. En operaciones sencillas entre particulares sin hipoteca, el proceso puede cerrarse en tan solo dos semanas.
La fiscalidad depende de si la vivienda es de obra nueva o de segunda mano. En obra nueva, se aplica el IVA (actualmente el diez por ciento del precio de venta) más el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (entre el 0,5 % y el 1,5 % según la comunidad autónoma). En viviendas de segunda mano, se paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (entre el seis y el diez por ciento según la comunidad autónoma). Además, hay que contemplar los gastos de notaría, registro y gestoría. Nuestro equipo le proporcionará un desglose completo y personalizado antes de la firma.
Preguntas sobre arrendamientos
Según la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente, los contratos de alquiler de vivienda habitual tienen una duración mínima de cinco años si el arrendador es persona física, o de siete años si es persona jurídica. Tras este periodo inicial, si ninguna de las partes notifica su voluntad de no renovar con al menos cuatro meses de antelación (el arrendador) o dos meses (el inquilino), el contrato se prorroga automáticamente por periodos anuales hasta un máximo de tres años adicionales. Nuestros abogados le ayudarán a entender las implicaciones de cada cláusula.
No. Durante la vigencia del contrato, la actualización de la renta está regulada por ley. Actualmente, las subidas anuales están limitadas al índice de referencia que establezca el Instituto Nacional de Estadística. En zonas declaradas como tensionadas, existen restricciones adicionales tanto para contratos nuevos como para renovaciones. Es fundamental que el contrato especifique con claridad el mecanismo de actualización para evitar conflictos futuros. En Realty Lex Abogados redactamos cláusulas que cumplen estrictamente con la normativa vigente.
Si su inquilino incumple el pago de la renta, le recomendamos actuar con rapidez pero siguiendo el procedimiento legal adecuado. El primer paso es enviar un requerimiento fehaciente (burofax) instando al pago en un plazo determinado. Si no hay respuesta, se puede interponer una demanda de desahucio por falta de pago, que incluye la reclamación de las cantidades adeudadas. El procedimiento judicial suele durar entre tres y seis meses, aunque los plazos varían según el juzgado. Nuestro equipo gestiona todo el proceso, desde el requerimiento inicial hasta la recuperación efectiva de la posesión del inmueble.
Preguntas sobre litigios y procedimientos
Un vicio oculto es un defecto grave del inmueble que no era visible ni detectable en el momento de la compra y que, de haberlo conocido, habría hecho que el comprador no adquiriera la propiedad o pagara un precio inferior. Ejemplos comunes incluyen humedades estructurales, problemas de cimentación, plagas de termitas o instalaciones eléctricas defectuosas ocultas tras los acabados. El comprador dispone de un plazo de seis meses desde la entrega para ejercer la acción de saneamiento por vicios ocultos. Si el vendedor conocía el defecto y lo ocultó deliberadamente, puede reclamarse además una indemnización por daños y perjuicios. Nuestros abogados evaluarán la viabilidad de su reclamación y le representarán en todas las instancias necesarias.
Legalmente no es obligatorio contar con un abogado para firmar una escritura de compraventa ante notario. Sin embargo, es altamente recomendable. El notario da fe pública del acto, pero no asesora a ninguna de las partes de forma individualizada. Un abogado especializado en derecho inmobiliario revisará todas las cláusulas del contrato, verificará que el inmueble esté libre de cargas y gravámenes, comprobará la situación urbanística y fiscal, y se asegurará de que sus intereses estén plenamente protegidos. La inversión en asesoramiento legal es mínima comparada con el valor de la operación y los riesgos que se evitan.
Sí, una parte significativa de nuestra clientela está compuesta por inversores internacionales. Les asistimos en la obtención del NIE (Número de Identificación de Extranjero), en la apertura de cuentas bancarias en España, en la constitución de sociedades para la tenencia de activos inmobiliarios y en el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales derivadas de la inversión. Ofrecemos atención en español e inglés y coordinamos con asesores fiscales especializados en tributación internacional para optimizar la estructura de la inversión dentro del marco legal vigente.
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